La aplicación de la Ley Provincial 10.901 comenzó a revelar situaciones de fuerte endeudamiento entre trabajadores del Municipio Capital. Gabriela Nieto, asesora del Municipio, explicó que en apenas tres días de atención ya fueron identificados al menos 120 casos vinculados con embargos y deudas, algunos de ellos con diferencias muy importantes entre el monto originalmente solicitado y el dinero que se reclama actualmente.

En diálogo con el móvil de Radio La Ciudad 94.7, Nieto explicó que desde el lunes se está atendiendo a trabajadores municipales de 18 a 20, con el objetivo de analizar cada situación de manera particular y brindar asesoramiento.

La funcionaria relató que encontraron casos de personas que solicitaron montos relativamente bajos y terminaron enfrentando obligaciones muy superiores.

“Hay personas que han pedido entre 300.000 y 180.000 pesos y están devolviendo 1.700.000, 3 millones, o cuotas de 135.000 pesos durante nueve, diez o doce meses”, explicó. También mencionó el caso de una persona que habría solicitado 60.000 pesos y terminó afrontando una deuda de varios millones.

Para Nieto, este tipo de situaciones constituye un indicio de usura y requiere revisar cada expediente en particular.

180 días para revisar los casos

La asesora explicó que, en el marco de la Ley 10.901, se dispuso la suspensión durante 180 días de determinados embargos que afectan los salarios municipales.

Durante ese período, los oficios judiciales serán analizados por la Asesoría General del Municipio, con el objetivo de revisar las condiciones de cada deuda y buscar alternativas que sean compatibles con la capacidad de pago del trabajador.

Nieto aclaró que la medida no implica desconocer las deudas. “La deuda existe, nadie quiere desconocer la deuda. La gente honra sus deudas”, sostuvo.

El objetivo, explicó, es diferenciar entre una obligación legítima y situaciones en las que podrían existir intereses o condiciones consideradas abusivas.

"Los 120 casos ya están"

Nieto señaló que, en apenas tres días de revisión, ya cuentan con documentación correspondiente a al menos 120 trabajadores.

Según explicó, los expedientes incluyen deudas originadas en préstamos de distintos montos y con cuotas que pueden representar una parte significativa del salario.

La funcionaria sostuvo que durante los 180 días se buscará estudiar cada situación y determinar qué corresponde hacer en cada caso.

Molina: "Aténganse a las consecuencias"

Luego de la intervención de Nieto, el intendente Armando Molina se refirió a la medida y apuntó contra quienes, según su planteo, habrían utilizado mecanismos de crédito con condiciones abusivas.

Aténganse a las consecuencias”, expresó Molina al referirse a quienes, según sostuvo, se habrían excedido en el uso de prácticas de préstamos no reguladas.

El intendente remarcó que el Municipio no busca impedir la actividad crediticia legítima, sino intervenir frente a situaciones que considera abusivas.

El libre comercio está habilitado en La Rioja, pero no la usura”, afirmó.

Molina también recordó que durante su etapa anterior al frente del Ejecutivo municipal, cuando Ricardo Quintela era intendente, ya se habían realizado acciones contra determinadas financieras.

Los trabajadores podrán recuperar parte de sus ingresos

El jefe comunal explicó que los embargos alcanzados por la medida dejarán de impactar sobre los haberes durante el período establecido, permitiendo que los trabajadores dispongan de esos recursos mientras se analiza cada expediente.

Desde el Municipio remarcaron que la medida no supone la eliminación automática de las deudas, sino una suspensión temporal destinada a revisar las condiciones de las obligaciones y avanzar en posibles acuerdos.

Los trabajadores pueden acceder a asesoramiento de lunes a viernes, de 18 a 20, en el segundo piso del Edificio Militante, donde se reciben y analizan los casos.

"Le metieron la mano en el bolsillo a nuestros trabajadores"

Molina sostuvo que la decisión busca proteger los ingresos de los empleados municipales y sus familias.

En ese marco, señaló que el objetivo es evitar que situaciones de endeudamiento terminen afectando recursos destinados a cubrir necesidades básicas.

Le metieron la mano en el bolsillo a nuestros trabajadores y eso no lo debemos permitir”, afirmó el intendente.

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