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El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, cuestionó la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y advirtió que actualmente no existirían las condiciones de infraestructura y recursos necesarios para aplicar el sistema especializado previsto para adolescentes en conflicto con la ley penal.
En diálogo con Radio La Ciudad 94.7, Brizuela recordó que durante el debate legislativo la posición del Gobierno de La Rioja fue de rechazo a la reducción de la edad de responsabilidad penal. Según explicó, uno de los argumentos centrales fue que los hechos graves cometidos por adolescentes de entre 14 y 16 años representan una proporción reducida dentro de las estadísticas delictivas.
En ese sentido, sostuvo que deberían fortalecerse dispositivos comunitarios, educativos y de abordaje especializado, en lugar de avanzar hacia una respuesta exclusivamente penal.
Brizuela señaló que la sanción de la nueva normativa plantea ahora otro desafío: contar con los espacios y equipos necesarios para su aplicación.
Advirtió que los adolescentes no deberían ser alojados en cárceles comunes junto a adultos y remarcó que el nuevo régimen contempla establecimientos específicos y equipos interdisciplinarios para abordar estas situaciones.
“La ley ya está, la tenemos que cumplir, pero no están las estructuras adecuadas para hacer que la ley funcione”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que enviar adolescentes a establecimientos penitenciarios comunes podría profundizar su situación de vulnerabilidad y favorecer la reproducción de conductas delictivas.
Durante la entrevista, Brizuela también puso el foco en las políticas de prevención y en las condiciones sociales que atraviesan a niños y adolescentes.
Planteó que un chico de 14 años debería estar escolarizado, integrado a actividades deportivas y acompañado por su familia y por políticas de protección, en lugar de encontrarse en la calle o realizando trabajos informales para contribuir al ingreso familiar.
El funcionario cuestionó además la reducción de programas vinculados con educación, cultura, deporte y contención social, y sostuvo que el abordaje de fondo debe apuntar a evitar que los adolescentes lleguen al sistema penal.
“Hay que llegar antes”, resumió al referirse a la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento.
Brizuela consideró que, si bien la discusión sobre la nueva legislación ya fue saldada con su sanción, ahora el desafío está en garantizar las condiciones necesarias para que pueda aplicarse respetando los derechos de los adolescentes.
Durante la entrevista, Brizuela también se refirió a la quinta edición de los Premios Angelelli, una iniciativa que busca reconocer a personas y organizaciones que desarrollan tareas vinculadas con la defensa de los derechos humanos, la dignidad y el acompañamiento a los sectores más vulnerables.
Según explicó, la iniciativa nació durante la pandemia y tiene como objetivo visibilizar experiencias de compromiso social que se desarrollan en distintos puntos del país y de La Rioja.
Entre los reconocimientos de este año mencionó a Ramona Romero, quien desde hace años está vinculada al Parque de la Memoria y del Martirio, ubicado en las cercanías de Punta de los Llanos.
También se entregará un reconocimiento post mortem al juez federal de Catamarca Juan Carlos Reynaga, por su trabajo en causas de lesa humanidad en la región. El premio será recibido por sus familiares.
Otro de los reconocimientos será para el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, por su intervención en causas vinculadas con la identificación de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura.
Brizuela también destacó la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuya labor permitió identificar restos de víctimas de la última dictadura y de soldados argentinos enterrados en el cementerio de Puerto Argentino, entre otros trabajos realizados en el país y en el exterior.
La entrega de los premios se realiza en la Casa de La Rioja en Buenos Aires, en una actividad organizada conjuntamente por organismos y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.