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Estela Ponce, coordinadora del dispositivo penal juvenil Nueva Vida, explicó cómo trabaja la provincia con adolescentes en conflicto con la ley penal y señaló que actualmente acompañan a 16 jóvenes. Advirtió que, ante un eventual aumento de ingresos, será necesario reforzar los equipos y los dispositivos especializados.
La implementación del nuevo régimen penal juvenil vuelve a poner en debate el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal y el funcionamiento de los dispositivos destinados a acompañarlos. En La Rioja, una de las estructuras que interviene en estos casos es Nueva Vida, dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
En diálogo con Radio La Ciudad 94.7, la coordinadora del dispositivo, Estela Ponce, explicó cómo funciona actualmente el organismo, cuáles son los principales delitos por los que ingresan adolescentes y qué desafíos plantea la modificación del régimen penal juvenil.
Ponce explicó que Nueva Vida es el órgano especializado de la provincia para intervenir con adolescentes en conflicto con la ley penal que son derivados por los juzgados competentes.
El trabajo consiste en ejecutar las medidas dispuestas judicialmente y elaborar un plan de intervención individual con cada adolescente, desde un enfoque socioeducativo orientado a reforzar la responsabilidad y garantizar el acceso a derechos.
El dispositivo funcionó originalmente como una residencia en el barrio Las Águilas. Sin embargo, durante la pandemia el edificio fue destinado al Servicio Penitenciario, por lo que Nueva Vida trasladó sus actividades al Centro Administrativo Provincial.
Actualmente ya no funciona como un espacio residencial o de alojamiento. El abordaje se realiza mediante acompañamiento y supervisión en territorio, mientras los adolescentes permanecen en libertad.
La coordinadora detalló que el dispositivo cuenta con un equipo técnico integrado por profesionales de distintas áreas: trabajo social, abogacía, psicología, psicopedagogía y terapia ocupacional.
También cuenta con un área de salud y operadores territoriales, que cumplen un papel central en el acompañamiento cotidiano.
Estos operadores, explicó Ponce, acompañan a los jóvenes a los turnos programados, colaboran con su asistencia a la escuela cuando son incorporados a un establecimiento educativo y realizan gestiones vinculadas con la restitución y el acceso a derechos.
Entre esas tareas mencionó también la actualización del DNI cuando el adolescente no cuenta con un adulto referente que pueda realizar el trámite.
Ponce señaló que los motivos de ingreso varían según los períodos.
Durante el año pasado, explicó, se registró una mayor cantidad de casos vinculados con delitos contra la integridad sexual. En el período actual, en cambio, predominan situaciones vinculadas con amenazas, lesiones leves y graves, además de algunos casos relacionados con delitos contra la vida.
También se registran ingresos por delitos contra la propiedad, principalmente hurtos y robos.
La coordinadora aclaró que la composición de los casos puede cambiar de un año a otro y que el dispositivo interviene frente a distintos tipos de delitos.
En cuanto a la cantidad de jóvenes que atiende Nueva Vida, Ponce indicó que actualmente trabajan con 16 adolescentes.
Según explicó, el promedio de atención directa suele ubicarse entre 15 y 20 jóvenes, aunque a lo largo de un año la cantidad de adolescentes que atraviesan el dispositivo puede ser mayor debido al ingreso y egreso de distintos casos.
La capacidad máxima que actualmente puede manejar el dispositivo, de acuerdo con Ponce, es de aproximadamente 25 adolescentes, principalmente en función de los recursos humanos disponibles.
“Hay que reforzar el sistema”, planteó la coordinadora ante la posibilidad de que el nuevo régimen genere un incremento en los ingresos.
Ponce consideró que, si aumenta significativamente la cantidad de adolescentes derivados al sistema, será necesario fortalecer los equipos de trabajo y evaluar la creación o adecuación de otros dispositivos.
En particular, señaló que debería contemplarse la posibilidad de contar con un espacio específico para los casos en los que corresponda una medida de privación de libertad, de acuerdo con lo establecido por la normativa.
En ese sentido, explicó que ya se está trabajando en una mesa para analizar cómo fortalecer el sistema provincial.
Consultada sobre el nuevo régimen, Ponce consideró que era necesario reemplazar el marco normativo anterior, al que calificó como una legislación antigua e inconstitucional.
Al mismo tiempo, explicó que las provincias conservan facultades vinculadas con las normas de procedimiento, por lo que La Rioja deberá adecuar sus mecanismos judiciales a la nueva legislación nacional.
La coordinadora destacó además el trabajo que vienen realizando los juzgados con los adolescentes y remarcó la importancia de contar con dispositivos adecuados para cada situación.
Finalmente, planteó que el nuevo régimen tiene aspectos que deberán evaluarse a medida que avance su implementación y sostuvo que la respuesta penal debe complementarse con políticas de prevención, acompañamiento y restitución de derechos.
“Si va a haber una mayor afluencia o ingresos de chicos, hay que reforzar el sistema”, resumió Ponce, al señalar que el principal desafío será contar con los recursos necesarios para afrontar una eventual mayor demanda.
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