Bolivia retuvo a una delegación argentina de Derechos Humanos y a legisladores que viajaron al país

Diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Argentina denunciaron este lunes la retención de una delegación nacional en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en Bolivia, y calificaron el hecho como una vulneración a la libertad de circulación y a los principios democráticos.

Según informaron los denunciantes, 18 integrantes de una misión argentina de observación y seguimiento de la situación de los derechos humanos fueron impedidos de ingresar al país vecino por autoridades migratorias bolivianas, sin recibir hasta el momento una explicación oficial sobre los motivos de la medida.

La delegación tenía previsto desarrollar actividades vinculadas al monitoreo de la situación política, social y de derechos humanos que atraviesa Bolivia, además de mantener reuniones con distintos sectores y organizaciones locales.

De acuerdo con la denuncia, representantes y allegados de la misión se presentaron ante las oficinas de Migración para solicitar información sobre lo ocurrido y manifestaron su preocupación ante versiones que indicaban la posibilidad de que los integrantes fueran trasladados al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, para concretar su expulsión y posterior retorno a Argentina.

La situación también alcanzó a legisladores argentinos que viajaron al país vecino. Entre ellos se encuentra la senadora Ana María Crispín, quien habría sido retenida junto a otros representantes políticos al arribar al aeropuerto de El Alto.

Según trascendió, la decisión de las autoridades migratorias bolivianas estaría relacionada con publicaciones realizadas por los parlamentarios en redes sociales, donde compartieron imágenes de los bloqueos de rutas registrados en distintas regiones de Bolivia y expresaron su respaldo a sectores movilizados que reclaman cambios en la conducción política del país.

Las organizaciones argentinas que impulsan la denuncia reclamaron explicaciones oficiales por parte del gobierno boliviano y exigieron garantías para el respeto de los derechos fundamentales de los integrantes de la misión y de los representantes legislativos afectados.