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El proyecto para incorporar nuevas figuras penales vinculadas al denominado “vandalismo rural” avanzó en la Cámara de Diputados, aunque durante el debate en comisiones quedó expuesto un punto controvertido que generó fuertes cuestionamientos: una modificación al Código Penal que contemplaba un agravamiento de las penas cuando la instigación a cometer delitos se realizara a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.
La propuesta, impulsada por el diputado Martín Ardohain (PRO) y acompañada por La Libertad Avanza y otros bloques, obtuvo dictamen de mayoría con 41 firmas sobre 66 legisladores presentes. Sin embargo, tras la denuncia de la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, el oficialismo retiró del dictamen esa modificación al artículo 209 del Código Penal.
El proyecto que finalmente obtuvo dictamen se concentró en la creación de nuevas figuras para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños contra bienes e infraestructura vinculados con la producción agropecuaria.
La cláusula que generó la polémica
El texto original proponía modificar el artículo 209 del Código Penal, que establece penas para quien públicamente instigue a cometer un delito. La iniciativa mantenía la pena de prisión de dos a seis años y agregaba un incremento de un tercio cuando la instigación se realizara mediante medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.
La incorporación fue cuestionada durante el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería, debido a que sectores opositores consideraron que podía afectar la libertad de expresión y alcanzar a periodistas, comunicadores y usuarios de redes.
Bregman señaló que esa modificación no guardaba relación directa con el objetivo declarado del proyecto y sostuvo que podía utilizarse para penalizar la difusión de determinadas opiniones o expresiones. Luego de la discusión, el artículo cuestionado fue eliminado del dictamen de mayoría.
Qué propone el proyecto que sí avanzó
Más allá de la polémica por el artículo retirado, la iniciativa busca modificar el Código Penal para incorporar una figura específica de vandalismo rural.
Uno de los cambios centrales es la creación del artículo 150 bis, que establecería una pena de uno a doce meses de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La propuesta contempla como indicios de esa prohibición la existencia de alambrados, cercos, vallas, muros o carteles que impidan el ingreso.
El proyecto también incorpora el artículo 184 bis, destinado a sancionar los daños que afecten directamente el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario.
En esos casos, la propuesta contempla penas de entre dos y ocho años de prisión, además de multas vinculadas con el valor del daño provocado. El alcance incluye cultivos, cereales, oleaginosas, silobolsas, ganado, instalaciones rurales, alambrados, sistemas de riego y otras estructuras vinculadas con la actividad productiva.
El autor de la iniciativa, Martín Ardohain, defendió el proyecto como una herramienta para reforzar la protección de quienes viven y trabajan en zonas rurales. “Hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país”, sostuvo durante el debate.
Cruces entre oficialismo y oposición
El avance del proyecto no estuvo exento de críticas. Desde Unión por la Patria, el diputado Ramiro Gutiérrez cuestionó la técnica legislativa y advirtió sobre una posible superposición con delitos que ya están contemplados en el Código Penal.
En tanto, Bregman sostuvo que la iniciativa debía analizarse en conjunto con el debate por la Ley de Tierras y cuestionó los alcances políticos del proyecto. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la necesidad de establecer herramientas específicas frente a situaciones de inseguridad y daños que afectan a productores y trabajadores rurales.
El proyecto cuenta además con el respaldo de distintas entidades del sector agropecuario, entre ellas la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro, según expusieron legisladores durante el debate.
El proyecto sigue su recorrido en Diputados
Con la firma del dictamen de mayoría, la iniciativa quedó habilitada para continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados. Los bloques de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría.
De esta manera, el Congreso deberá definir en el recinto si avanza con la creación de nuevas figuras penales para proteger la actividad agropecuaria. Mientras tanto, la modificación que había generado preocupación por su posible impacto sobre periodistas y usuarios de redes sociales quedó fuera del dictamen de mayoría.
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