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Representantes de centros de estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de las Becas Progresar. Tras una reunión de apenas tres minutos, fueron desalojados y el Gobierno anunció que los denunciará ante la Justicia.
El conflicto entre las universidades y el Gobierno de Javier Milei volvió a escalar. Estudiantes de distintas universidades nacionales ingresaron este miércoles al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El principal reclamo fue concreto: que el Gobierno garantice el aumento de las Becas Progresar previsto por la ley, además de la recomposición de los recursos destinados al sistema universitario.
La protesta ocurrió apenas un día después de un fallo judicial que ordenó al Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había fundamentado la no aplicación de la norma aprobada por el Congreso.
La protesta y el reclamo por las becas
Los estudiantes realizaron una sentada dentro del Palacio Pizzurno y reclamaron ser recibidos por las autoridades educativas.
Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que se trataba de una medida de estudiantes de distintas universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El objetivo era entregar un petitorio y obtener una respuesta sobre la actualización de las becas.
“No podemos seguir esperando”, sostuvo González Puente, quien cuestionó que, pese al fallo judicial, todavía no exista una respuesta concreta sobre la implementación de la ley.
El artículo 6 de la norma establece la recomposición de los programas de becas estudiantiles de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
Una reunión de tres minutos
Después de varias horas de protesta, un grupo de estudiantes consiguió ingresar a una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación.
Según relató una de las estudiantes que participó del encuentro, la reunión duró alrededor de tres minutos y terminó luego de que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibiera un llamado de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La estudiante aseguró que no hubo una respuesta concreta al reclamo y que luego ingresó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con un teléfono celular para filmar el encuentro.
Tras ese episodio, los estudiantes fueron intimados a retirarse del edificio.
Según el relato de los manifestantes, fueron sacados “a los empujones” por las fuerzas de seguridad. Otros medios también registraron empujones durante el operativo de desalojo.
El Gobierno denunciará a los estudiantes
Después del desalojo, el Ministerio de Capital Humano anunció que presentará una denuncia judicial por lo ocurrido.
La cartera que conduce Sandra Pettovello calificó la protesta como una “toma violenta” y sostuvo que buscará que la Justicia investigue los hechos, determine si hubo daños y establezca las responsabilidades correspondientes.
Pettovello también cuestionó la modalidad de la protesta y sostuvo que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro del marco de la ley.
Del otro lado, los estudiantes sostienen que la medida fue una protesta pacífica y cuestionan la respuesta del Gobierno ante un reclamo que, según plantean, cuenta ahora con respaldo judicial.