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COLUMNISTA
Mayorga explicó que, de acuerdo con la legislación vigente, se considera niños a quienes tienen entre el nacimiento y los 12 años, adolescentes a las personas de entre 13 y 17 años y adultos mayores a quienes tienen 60 años o más.
En ese sentido, señaló que el artículo 103 del Código Civil y Comercial establece la intervención del Ministerio Público cuando se encuentran comprometidos los derechos de estas personas.
El abogado explicó que esa intervención puede ser complementaria o principal. Es complementaria cuando existe una falta de intervención para garantizar los derechos de la persona vulnerable, mientras que es principal cuando existe una actuación que incluso puede ser contraria a los intereses de quien debe ser protegido.
Mayorga remarcó que un niño puede iniciar acciones legales incluso contra sus propios padres, quienes son sus representantes legales. En esos casos, sostuvo, el Ministerio Público tiene una participación principal en defensa de los derechos del menor.
Durante la entrevista, el profesional también destacó la importancia de la Ley Provincial 10.612, correspondiente al Código Procesal del Fuero de Familia de La Rioja.
Según explicó, los artículos 13 y 15 contemplan herramientas como el tutor especial y el abogado del niño, además de establecer mecanismos de protección para los adultos mayores.
De esta manera, la normativa provincial complementa las disposiciones generales establecidas por el Código Civil y Comercial de la Nación y establece procedimientos específicos para el ámbito de la Justicia de La Rioja.
Mayorga remarcó además que la intervención del Ministerio Público es obligatoria cuando están comprometidos los derechos de niños, adolescentes o adultos mayores. Según explicó, la falta de esa intervención puede provocar la nulidad de los actos realizados dentro del proceso.
El abogado señaló que el sistema de protección se encuentra respaldado por distintos tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino.
En el caso de niños y adolescentes, mencionó la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, aprobada por Argentina mediante la Ley 23.849.
Para los adultos mayores, hizo referencia a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada mediante la Ley 27.700.
Finalmente, Mayorga recordó que tanto los menores como los adultos mayores pueden contar con un abogado de confianza cuando consideren que sus derechos están siendo vulnerados, para recibir asistencia y acompañamiento durante los procesos correspondientes.
La entrevista se realizó en el marco del Consultorio Jurídico de Radio La Ciudad 94.7, espacio en el que el abogado José Mayorga aborda distintas cuestiones vinculadas con derechos y legislación.
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