Alquileres en crisis: advierten mayor desprotección tras cambios en la ley

En una nueva edición del consultorio jurídico en Radio La Ciudad, el abogado José Mayorga analizó la compleja situación del mercado de alquileres en el país y advirtió sobre un escenario cada vez más desfavorable para los inquilinos.

El letrado señaló que, tras la implementación del Decreto 70/2023 impulsado por el gobierno de Javier Milei, se derogó la normativa anterior que establecía condiciones mínimas para los contratos de locación. A partir de allí, explicó, se habilitó una mayor libertad contractual que, en la práctica, dejó a los inquilinos “a merced del mercado”.

Entre los principales cambios, mencionó la posibilidad de pactar alquileres en moneda extranjera —principalmente en dólares—, definir libremente los índices y la periodicidad de actualización, e incluso la ausencia de plazos mínimos obligatorios. “Esto genera una situación muy difícil, donde los aumentos han sido desmedidos y muchas familias deben hacer esfuerzos extremos para sostener un techo”, sostuvo.

En ese sentido, citó datos de organizaciones como Inquilinos Agrupados, que reportan incrementos superiores al 500% en los últimos dos años y un crecimiento sostenido de consultas por desalojos.

Mayorga también advirtió sobre la falta de mecanismos efectivos para reclamar ante incumplimientos por parte de propietarios. “El acceso a la justicia es costoso y lento, lo que deja al inquilino en una situación de clara desventaja”, explicó. En ese marco, señaló que prácticas como la no devolución del depósito o cláusulas abusivas son frecuentes, especialmente en grandes ciudades.

De cara a quienes buscan alquilar, el abogado recomendó asesorarse previamente con un profesional para evitar condiciones perjudiciales en los contratos. Sin embargo, reconoció que en muchos casos la urgencia habitacional limita el margen de negociación.

Finalmente, el especialista contextualizó la problemática dentro de una situación económica más amplia, marcada por la pérdida de empleo y el deterioro del poder adquisitivo, lo que —afirmó— agrava aún más el acceso a la vivienda en Argentina.