Levantaron la protesta frente al hospital Vera Barros tras avances en el pago a trabajadores
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La secretaria general del gremio de Vialidad Nacional, Graciela Aleñá, confirmó la presentación de una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, por el presunto uso indebido de fondos de la seguridad social en el marco de la reforma laboral.
Según explicó, la denuncia apunta a un artículo incluido en el proyecto —actualmente suspendido— que implicaría la utilización de recursos destinados a jubilados. “Se trata de fondos que pertenecen a los trabajadores y jubilados, y que no pueden ser desviados”, sostuvo la dirigente.
Aleñá aseguró que la presentación judicial también involucra a otros funcionarios vinculados a la elaboración e implementación de la iniciativa, y cuestionó la legalidad de la reforma, a la que calificó como “inconstitucional en varios de sus puntos”.
En paralelo, la referente sindical describió un escenario crítico en Vialidad Nacional, con recortes presupuestarios, reducción de personal y dificultades operativas. “La situación es catastrófica. No están llegando los fondos necesarios para el mantenimiento de rutas, y eso impacta directamente en la seguridad vial”, advirtió.
En este sentido, denunció que parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles —destinados por ley a obras viales— no estarían siendo ejecutados como corresponde. Además, señaló que la salida de trabajadores experimentados a través de retiros voluntarios debilita la capacidad operativa del organismo.
La dirigente también hizo referencia al clima social entre los trabajadores estatales, marcado por la incertidumbre laboral y el temor a despidos. No obstante, indicó que comienza a percibirse un cambio de actitud, con mayor descontento frente a las políticas implementadas.
Respecto al avance de la denuncia, Aleñá informó que se encuentran a la espera de la citación judicial para ratificar la presentación y dar inicio al proceso de investigación correspondiente.
Finalmente, remarcó la necesidad de que la Justicia actúe y analice el fondo de la cuestión, en un contexto donde —según afirmó— “se están tomando decisiones que afectan directamente a los sectores más vulnerables y a la estructura del Estado”.
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