Durante la entrevista, Mayorga señaló que no es necesario reducir la edad de imputabilidad, ya que los delitos más graves que se cometen en la Argentina son protagonizados mayoritariamente por adultos. En ese sentido, enumeró delitos complejos como evasión fiscal, estafas, tráfico de armas, de personas y de órganos, los cuales son ejecutados por mayores de edad.
El letrado recordó que el Gobierno nacional impulsa un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, iniciativa que sería tratada en el Senado, y advirtió que esta propuesta contradice recomendaciones de organismos internacionales. Citó la Observación General N°24 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que insta a los Estados a no reducir la edad de imputabilidad y a mantenerla, como mínimo, en los 16 años.
Mayorga explicó que dicho comité sostiene que los menores que delinquen suelen ser víctimas de redes de trata, tráfico o terrorismo, y remarcó que varios países que habían reducido la edad penal luego debieron revertir esa decisión por recomendación de Naciones Unidas. Argentina, al ser signataria de la Convención, debería respetar esos lineamientos.
En relación al impacto real de estas medidas, el abogado comparó la situación con países como Brasil y México, donde la edad de imputabilidad es de 12 años, pero los índices de homicidios continúan siendo elevados y cometidos principalmente por adultos. Además, afirmó que en Argentina los delitos cometidos por menores registraron una baja cercana al 50% desde 2011, con picos de aumento en años de crisis económica como 2019 y 2023.
Consultado sobre la protección de los derechos de niños y adolescentes, Mayorga aseguró que el proyecto no contempla garantías efectivas. Recordó que la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, condición que, según indicó, no se cumple en el sistema penitenciario actual.
También cuestionó la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores en conflicto con la ley, advirtiendo que el sistema judicial y penitenciario argentino no está preparado para aplicar la norma sin vulnerar derechos constitucionales. Sostuvo que la convivencia de menores con presos adultos solo favorece la reproducción y profesionalización del delito.
Por último, el Dr. Mayorga afirmó que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad funciona como una estrategia para desviar la atención de problemas estructurales que atraviesa la sociedad argentina, como la situación económica y la inflación. En ese contexto, pidió que prime la sensatez en el Senado y que se rechace una ley que, a su criterio, profundiza la exclusión social en lugar de resolverla.
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