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El presidente de EDELAR, ingeniero Jerónimo Quintela, advirtió que el vencimiento del congelamiento tarifario dispuesto por el Gobierno provincial podría provocar importantes incrementos en las facturas de electricidad si no se establece una nueva medida. Según estimó, los aumentos podrían ubicarse entre el 50% y el 90% para los comercios y entre el 19% y el 25% para los usuarios residenciales.
En diálogo con Mañanas de Radio, por Radio La Ciudad 94.7, Quintela explicó que el decreto provincial que mantenía congeladas las tarifas finalizó el pasado 31 de octubre y que, hasta el momento de la entrevista, no había definiciones sobre su continuidad.
El titular de la empresa señaló que están solicitando una audiencia con el gobernador para presentar un informe sobre el impacto que tendría la finalización del beneficio en las familias, los comercios y los distintos sectores productivos.
Como referencia, mencionó un relevamiento comparativo de septiembre elaborado por ADERA, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, que muestra las diferencias tarifarias entre las provincias.
Según los datos expuestos por Quintela, un comercio riojano con un consumo mensual de 1.500 kilovatios paga aproximadamente $290.000. Por el mismo nivel de consumo, ese establecimiento abonaría $954.000 en Neuquén, $830.000 en Tucumán y $600.000 en Catamarca.
El funcionario destacó que La Rioja mantiene una de las tarifas eléctricas más bajas del país y sostuvo que el congelamiento provincial representó un beneficio significativo para los usuarios residenciales, comerciales, industriales y productivos.
Otro de los temas abordados fue la ampliación de los subsidios nacionales para las provincias consideradas zonas cálidas.
Quintela confirmó que la medida comenzará a aplicarse en noviembre y se extenderá hasta marzo, con un tope de 500 kilovatios de consumo subsidiado por mes.
El ingeniero recordó que durante el verano anterior el esquema contemplaba 550 kilovatios subsidiados para diciembre, enero y febrero, mientras que en noviembre, marzo y abril el límite era de 300 kilovatios.
En esta oportunidad, el nuevo esquema establece un límite de 500 kilovatios mensuales durante los cinco meses comprendidos entre noviembre y marzo.
No obstante, aclaró que el beneficio nacional no alcanza a compensar el impacto que tuvo el congelamiento tarifario provincial, por lo que consideró necesario analizar nuevas medidas para evitar incrementos significativos en las facturas.
Durante la entrevista, Quintela también reconoció que la morosidad entre los usuarios de electricidad registra un incremento sostenido desde hace aproximadamente un año.
Según explicó, desde marzo o abril se observa un crecimiento mensual de las deudas tanto de las familias como de los comercios, una situación que atribuyó a las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la sociedad.
El presidente de EDELAR indicó que muchos usuarios manifiestan su voluntad de pagar las facturas, pero no cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar sus obligaciones en tiempo y forma.
Frente a ese escenario, aseguró que la empresa implementa planes de regularización de deuda adaptados a las posibilidades de cada familia, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los compromisos pendientes.
Quintela reconoció que el panorama hacia fin de año es complicado debido al nivel de endeudamiento acumulado y a las dificultades que enfrentan los hogares para sostener sus gastos cotidianos.
En ese sentido, sostuvo que muchas familias deben priorizar la alimentación y otras necesidades básicas, lo que termina relegando el pago de servicios esenciales.
Por otra parte, el titular de EDELAR se refirió a la presentación de CAMMESA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de La Rioja, vinculada con el decreto que estableció el congelamiento de las tarifas eléctricas.
Quintela explicó que, según su interpretación, la empresa nacional busca que la Justicia impida la aplicación de la medida provincial. Sin embargo, consideró que la presentación ante la Corte responde a una cuestión de competencia judicial y no implica, por sí misma, una resolución sobre el fondo del planteo.
El ingeniero sostuvo que la decisión del Gobierno provincial de establecer el congelamiento tarifario se encuentra dentro de sus facultades y manifestó que, a su entender, la demanda no debería prosperar.
Finalmente, reiteró la necesidad de avanzar en medidas que contemplen la situación económica de los usuarios y permitan sostener el acceso al servicio eléctrico frente al incremento de los costos y las dificultades de pago.
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