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El maltrato y la crueldad contra los animales están penados por la legislación argentina. Así lo explicó el abogado José Mayorga durante su participación en el consultorio jurídico de Radio La Ciudad 94.7, donde abordó los alcances de la Ley 14.346 a partir de recientes casos registrados en la provincia.
La consulta surgió luego de la repercusión que generaron dos hechos: la muerte de un burro conocido como “Manincho”, en Aimogasta, que era utilizado por un sacerdote en sus procesiones, y la muerte de un perro en Anillaco, un caso que también se encuentra bajo investigación judicial.
Durante la entrevista, Mayorga explicó que la Ley 14.346, sancionada en 1954, establece distintas situaciones consideradas maltrato o actos de crueldad animal y contempla penas de 15 días a un año de prisión para quienes incurran en estas conductas.
El abogado diferenció entre maltrato y crueldad animal. Entre los ejemplos de maltrato mencionó no proporcionar a los animales domésticos alimentación suficiente, tanto en cantidad como en calidad, someterlos a jornadas excesivas de trabajo o utilizarlos cuando no se encuentran en condiciones físicas adecuadas.
En cuanto a los actos de crueldad, enumeró distintas conductas contempladas por la normativa, entre ellas mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, realizar intervenciones quirúrgicas sin anestesia y sin contar con el título de médico veterinario, experimentar con animales y abandonarlos luego de utilizarlos con esos fines.
También señaló que la ley considera actos de crueldad lastimar o arrollar animales intencionalmente, así como matarlos por espíritu de perversidad.
Consultado sobre los mecanismos para denunciar estos hechos, Mayorga indicó que las personas que presencien situaciones de maltrato o crueldad animal pueden acudir a cualquier comisaría o fiscalía para poner los hechos en conocimiento de las autoridades.
En ese sentido, remarcó la importancia de denunciar situaciones como animales atados bajo temperaturas elevadas, sin agua ni protección, o que sean sometidos a agresiones físicas.
El abogado también se refirió a los casos ocurridos en Aimogasta y Anillaco. Sobre este último, explicó que intervino una jueza que ordenó un allanamiento en el domicilio del presunto responsable. El perro ya había sido enterrado, por lo que se dispuso su exhumación para realizar estudios radiográficos y determinar si había sufrido golpes.
La causa continúa bajo investigación judicial, al igual que las actuaciones vinculadas con la muerte del burro en Aimogasta.
Finalmente, Mayorga consideró necesario esperar el avance de las investigaciones para que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes y establezca si existen elementos para dictar condenas por maltrato o crueldad animal.
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