Goyochea dijo “la democracia debe garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de la población”

En el marco de un nuevo aniversario de las elecciones del 30 de octubre de 1983, el asesor del Gobierno provincial, Pedro Goyochea, reflexionó sobre la recuperación democrática en Argentina, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y los desafíos que enfrenta el sistema institucional. En diálogo con Radio La Ciudad, destacó la importancia de preservar la participación ciudadana, fortalecer el Estado de derecho y avanzar en políticas públicas que garanticen derechos sociales.

Goyochea recordó que los comicios de 1983 marcaron un punto de inflexión en la historia nacional, luego de más de siete años de dictadura cívico-militar. En aquella jornada, Raúl Alfonsín fue elegido presidente y, posteriormente, asumió el cargo el 10 de diciembre de ese año, iniciando una nueva etapa institucional.

El funcionario sostuvo que la continuidad democrática constituye uno de los principales logros de la sociedad argentina, especialmente si se considera la sucesión de golpes de Estado que interrumpieron el orden constitucional durante el siglo XX.

En ese sentido, remarcó la necesidad de valorar el sistema establecido por la Constitución Nacional, que define a la Argentina como una república representativa y federal. Si bien reconoció que la democracia no es un sistema perfecto, afirmó que continúa siendo el mecanismo legítimo para expresar la voluntad popular, elegir autoridades y garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

Los derechos humanos, un compromiso de la democracia

Durante la entrevista, Goyochea hizo hincapié en las consecuencias de la última dictadura, caracterizada por la persecución política, la desaparición forzada de personas y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Al referirse a la recuperación institucional, destacó el papel del gobierno de Alfonsín en el impulso de las investigaciones y el histórico Juicio a las Juntas Militares, desarrollado en 1985. Ese proceso representó un antecedente fundamental al someter a integrantes de las cúpulas militares a la Justicia civil por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

En ese sentido, señaló que la reapertura de los procesos judiciales permitió sostener la búsqueda de verdad y justicia. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron anuladas por el Congreso en 2003 y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005, lo que habilitó la reanudación de numerosas causas por delitos de lesa humanidad.

“Argentina debe sostener estas políticas de Estado con respecto a juzgar a quienes tuvieron responsabilidad directa en la conformación del terrorismo de Estado”, afirmó Goyochea.

Asimismo, consideró que la continuidad de los juicios responde a compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, cuyos principios adquirieron jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.

Para el funcionario, el paso del tiempo y la edad avanzada de muchos de los acusados no deben convertirse en obstáculos para el acceso a la justicia. En su análisis, la investigación y sanción de estos crímenes constituyen una responsabilidad institucional y social indispensable para reparar las consecuencias de la dictadura y consolidar la democracia.

El desafío de garantizar derechos sociales

Más allá de la dimensión institucional, Goyochea planteó que la consolidación democrática también depende de la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.

En ese sentido, mencionó problemáticas como la pobreza, el empleo, la salud y la educación, y sostuvo que el ejercicio pleno de los derechos requiere políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida.

“Me parece que por allí constituye una reflexión central la de valorar a la democracia como el sistema más apropiado para que la población en su conjunto pueda gozar de los derechos”, expresó.

También destacó la importancia de sostener el respeto, la tolerancia y la libertad, incluso frente a diferencias ideológicas entre los ciudadanos o respecto de quienes ejercen responsabilidades de gobierno. Según planteó, la legitimidad del sistema democrático debe preservarse más allá de las posiciones políticas de cada administración.

En su reflexión, el funcionario consideró necesario avanzar desde una concepción formal del Estado de derecho hacia un Estado constitucional de derecho, en el que las normas de la Constitución orienten efectivamente las decisiones y acciones de los poderes públicos.
Participación ciudadana y equilibrio institucional

En el tramo final de la entrevista, Goyochea puso el foco en la responsabilidad de las futuras generaciones para sostener el sistema democrático y fortalecer sus instituciones.

Señaló que la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial constituye una garantía fundamental para mantener los equilibrios institucionales y evitar la concentración del poder.

Además, recordó que la participación ciudadana no se limita al voto, sino que también puede expresarse a través de mecanismos de democracia semidirecta y de otras instancias que permiten intervenir en los asuntos públicos.

La recuperación democrática argentina se produjo a partir de las elecciones del 30 de octubre de 1983, mientras que el 10 de diciembre de ese año asumió Alfonsín. Esta última fecha fue establecida por la Ley Nacional N.º 26.323 como el Día de la Restauración de la Democracia, con el propósito de promover sus valores y resaltar su significado histórico, político y social.

A más de cuatro décadas de aquel proceso, Goyochea concluyó que el desafío consiste en preservar las libertades conquistadas, sostener la búsqueda de justicia y fortalecer las instituciones, pero también en garantizar que la democracia se traduzca en mejores condiciones de vida para toda la sociedad.