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En diálogo con el móvil de Radio La Ciudad 94.7, Delfor Brizuela se refirió a una capacitación destinada a personal de seguridad y distintos operadores estatales y judiciales, con eje en la prevención de las distintas formas de violencia institucional.
Brizuela sostuvo que la seguridad debe ser entendida como un derecho de la comunidad, pero remarcó que el Estado no debe convertirse en un reproductor de violencia.
“Si queremos luchar contra la violencia, no puede ser el Estado el que reproduzca la violencia”, planteó.
En ese sentido, mencionó distintas situaciones que atraviesan a la sociedad, como la violencia escolar, en los barrios y en la vía pública, además de los casos de violencia institucional vinculados con torturas, vejámenes y malos tratos cuando el Estado tiene bajo su custodia a una persona.
También incluyó dentro de la problemática a instituciones de salud mental, establecimientos para adultos mayores y espacios destinados a personas con discapacidad o capacidades restringidas.
Uno de los temas abordados fue la reducción de la edad de imputabilidad para adolescentes, una modificación que, según señaló Brizuela, genera fuertes debates y plantea dificultades concretas para su implementación.
El secretario de Derechos Humanos explicó que la aplicación de la normativa requiere infraestructura, recursos y equipos interdisciplinarios, elementos que, según sostuvo, no están disponibles de manera suficiente en las provincias.
También señaló que la legislación establece condiciones específicas para los lugares donde eventualmente deban permanecer privados de la libertad niños, niñas y adolescentes, y remarcó que esos espacios deben adecuarse a los convenios internacionales y estándares de protección de derechos.
“Hay que pensar en la infraestructura, en recursos. Las provincias están a cargo fundamentalmente de la justicia de cada lugar y no tienen los medios”, sostuvo.
Brizuela agregó que tampoco están disponibles en todos los casos los equipos interdisciplinarios que exige la normativa y mencionó situaciones registradas en otras provincias donde los jueces debieron dictar medidas cautelares ante las dificultades para aplicar el nuevo régimen.
Respecto de la actividad, aclaró que no está dirigida exclusivamente al personal de seguridad, sino que comprende a un amplio conjunto de actores vinculados con la intervención estatal.
Entre ellos mencionó a operadores judiciales, integrantes de la Defensoría Pública y del Ministerio Público Fiscal, además de áreas del Poder Ejecutivo vinculadas con niñez, adolescencia, familia, adicciones, mujeres y diversidad.
El objetivo, explicó, es brindar herramientas y promover buenas prácticas para que quienes intervienen frente a situaciones de violencia puedan actuar desde una perspectiva de protección, contención, inclusión y respeto.
Brizuela sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de actuar como “agente de paz”, promoviendo procesos de reparación y restauración frente a personas atravesadas por distintas problemáticas sociales.
Finalmente, también mencionó el impacto de las redes sociales y consideró que, en determinadas situaciones, pueden contribuir a profundizar escenarios de violencia.
“Queremos luchar contra toda forma de violencia”, concluyó.
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