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El abogado José Mayorga analizó en el consultorio jurídico de Radio La Ciudad 94.7 la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Durante la entrevista, Mayorga explicó que la Ley 27.801 establece modificaciones en el régimen penal juvenil y dispone que los menores de entre 14 y 16 años no pueden ser alojados junto a personas mayores de edad.
Según señaló, la jueza Pascual decidió suspender la aplicación del régimen en territorio bonaerense al considerar que actualmente no existirían establecimientos acondicionados para alojar a los menores alcanzados por la nueva normativa.
"La propia ley establece una prohibición", explicó el abogado, al señalar que la aplicación del régimen requiere contar con espacios específicos para la detención de adolescentes.
Mayorga explicó que la medida adoptada por la jueza alcanza a la aplicación de la normativa en la provincia de Buenos Aires durante un plazo de 60 días.
En ese período, sostuvo, los jueces de las distintas jurisdicciones bonaerenses no podrán aplicar el nuevo régimen respecto de adolescentes de entre 14 y 16 años mientras no estén dadas las condiciones de infraestructura previstas por la propia legislación.
El abogado remarcó además la importancia de Buenos Aires dentro del sistema judicial argentino debido a su peso poblacional y sostuvo que la falta de establecimientos adecuados no sería un problema exclusivo de esa provincia.
Consultado sobre las denuncias presentadas contra Marta Pascual, Mayorga explicó que representantes del PRO, La Libertad Avanza y otros sectores aliados impulsaron un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura bonaerense.
El abogado consideró que difícilmente prospere la presentación y cuestionó que se busque responsabilizar a la magistrada por suspender temporalmente la aplicación de una normativa que, según su interpretación, no puede ejecutarse sin la infraestructura necesaria.
"Lo que están tratando de ocultar es que la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires", sostuvo Mayorga.
En ese sentido, afirmó que existe una deuda de alrededor de 15.000 millones de pesos y señaló que la Corte Suprema habría instado al Gobierno nacional a presentar una propuesta de pago, cuyo plazo habría vencido el pasado 10 de junio.
Según el abogado, esos recursos permitirían a la provincia avanzar con las adecuaciones necesarias para cumplir con el nuevo régimen penal juvenil.
Mayorga explicó que el pedido de juicio político debe tramitar ante el Consejo de la Magistratura, donde se analizarán los argumentos de los denunciantes y si las conductas atribuidas a la jueza encuadran dentro de las causales previstas para este tipo de procedimientos.
Posteriormente, eventualmente podría intervenir la Legislatura bonaerense.
El abogado sostuvo que una decisión judicial no puede ser cuestionada mediante un proceso de juicio político simplemente por el hecho de no compartir su contenido y consideró que el conflicto refleja una tendencia a trasladar a los tribunales cuestiones que deberían resolverse mediante decisiones políticas.
Finalmente, advirtió que la falta de infraestructura para alojar a adolescentes en conflicto con la ley podría repetirse en otras provincias argentinas si no se realizan las adecuaciones necesarias.
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