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El asesor de Gobierno de La Rioja, Dr. Pedro Goyochea, explicó en Radio La Ciudad los avances registrados en la causa judicial iniciada por el Gobierno provincial en relación con el estado de las rutas nacionales y el presunto desvío de fondos correspondientes al Sistema Integral Vial (SisVial).
Goyochea confirmó que el juez federal Ariel Lijo declaró admisible la denuncia presentada por el gobernador Ricardo Quintela y que, a partir de esa decisión, se dispuso el diligenciamiento de distintas medidas de prueba para determinar el destino de los recursos que corresponden a las provincias.
Según explicó, una de las principales medidas consiste en un pedido de información al Ministerio de Economía de la Nación para conocer el estado de la cuenta correspondiente al SisVial y establecer cuánto dinero debía recibir La Rioja desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Además, el magistrado solicitó un detalle comparativo con los fondos correspondientes a las demás provincias, con el objetivo de determinar el tratamiento que tuvieron los recursos del sistema vial a nivel federal.
Otra de las medidas ordenadas está dirigida a la Dirección Nacional de Vialidad, que deberá informar sobre el estado de las rutas nacionales 38, 73, 75, 76 y 79 en territorio riojano.
El organismo también deberá brindar información sobre las obras de infraestructura ejecutadas por el Estado Nacional en la provincia durante la actual gestión nacional.
Para Goyochea, estas medidas permitirán avanzar en la investigación y determinar si existieron irregularidades tanto en la administración de los recursos como en el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al mantenimiento de las rutas nacionales.
El asesor de Gobierno explicó que también fueron requeridos informes a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar si los fondos destinados al sistema vial fueron utilizados para operaciones financieras.
En particular, se busca establecer si esos recursos fueron destinados a la compra de títulos de deuda pública o colocados en depósitos a plazo fijo en dólares.
Goyochea cuestionó que fondos que tienen un destino específico puedan ser utilizados con fines financieros diferentes a la conservación y mantenimiento de las rutas nacionales.
“Los fondos se deben repartir de la misma manera que la coparticipación federal”, explicó el funcionario, quien sostuvo que los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles tienen como finalidad el financiamiento del sistema vial.
El asesor de Gobierno recordó que la denuncia plantea la posible comisión de distintos delitos, entre ellos defraudación al Estado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.
La causa tramita bajo el expediente 3960/2026 y, según explicó Goyochea, las medidas ordenadas por la Justicia permitirán reunir información para determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos.
Previamente, la presentación había recibido un dictamen favorable del fiscal interviniente, quien consideró procedente avanzar con la investigación.
Durante la entrevista, Goyochea también se refirió a las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno provincial y el Nuevo Banco Rioja para aliviar el impacto de la crisis económica.
En ese marco, destacó la reducción de 20 puntos porcentuales en las tasas de los préstamos personales. Según explicó, las nuevas condiciones fijan una tasa del 52% para préstamos a 12 meses y del 56% para operaciones de hasta 36 meses.
El asesor de Gobierno señaló que estos valores se encuentran por debajo de las tasas establecidas por el Banco Nación.
Además, mencionó un proceso de regularización destinado a personas que registran atrasos de hasta 90 días con el Nuevo Banco Rioja, con el objetivo de ofrecer alternativas que permitan afrontar las deudas y reducir el impacto de la morosidad.
Goyochea sostuvo que, ante el contexto económico actual, el Estado debe adoptar medidas destinadas a contener a la población y generar herramientas para afrontar el endeudamiento.
En ese sentido, remarcó que las políticas implementadas buscan dar respuestas frente a las dificultades generadas por el escenario macroeconómico y por el incremento del costo del financiamiento.
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