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En diálogo con Radio La Ciudad, el asesor de Gobierno, Pedro Goyochea, explicó los principales aspectos de la iniciativa, que será incorporada al tratamiento legislativo durante la sesión de la Cámara de Diputados prevista para este jueves 13 de agosto.
Según detalló, el proyecto establece requisitos, condiciones y limitaciones para quienes pretendan adquirir inmuebles rurales en territorio riojano. La propuesta busca, además, generar un marco específico de control sobre este tipo de operaciones y garantizar la intervención del Estado provincial.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la definición de zonas de exclusión, donde directamente no podrán concretarse operaciones de adquisición de dominio rural por parte de personas extranjeras.
Entre los sectores contemplados se encuentran las zonas de frontera, inmuebles que contengan cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, reservas de biosfera y parques provinciales. También quedarían alcanzadas aquellas zonas declaradas en emergencia ambiental, consideradas estratégicas mediante leyes especiales, vinculadas con patrimonio arqueológico o destinadas a la agricultura familiar.
Goyochea señaló que estas restricciones responden a la necesidad de priorizar el interés estratégico de la provincia por sobre los intereses particulares en determinados sectores del territorio.
El proyecto también contempla la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales, que tendrá funciones de fiscalización, catastro y seguimiento de la situación del dominio rural en La Rioja.
El organismo será el encargado de centralizar las solicitudes de personas extranjeras interesadas en adquirir tierras rurales y verificar que cada operación cumpla con los requisitos y condiciones establecidos por la futura normativa.
Para Goyochea, la creación del registro permitirá contar con información actualizada sobre la titularidad de las tierras y otorgará mayor seguridad jurídica a las operaciones que se realicen dentro del territorio provincial.
El funcionario sostuvo además que la iniciativa busca darle operatividad a las disposiciones constitucionales vinculadas con la protección y limitación de la adquisición de tierras rurales, incorporando herramientas específicas de control provincial.
El proyecto fue remitido por el Ejecutivo provincial la semana pasada y tomará estado parlamentario este jueves 13 de agosto. Luego será girado a las comisiones correspondientes para su análisis.
En esa instancia, según explicó Goyochea, se abrirá la posibilidad de que los distintos sectores interesados realicen aportes antes de avanzar con el tratamiento legislativo y una eventual sanción.
Durante la entrevista, el asesor de Gobierno también se refirió a las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela, quien había planteado que un eventual regreso del justicialismo al Gobierno nacional podría implicar decisiones sobre la nacionalización o expropiación de determinados activos estratégicos.
Goyochea sostuvo que la posición del mandatario provincial está vinculada con la necesidad de que el Estado tenga un rol activo en la administración de servicios públicos y recursos naturales considerados estratégicos.
En ese marco, cuestionó determinadas políticas del Gobierno nacional y afirmó que, desde su perspectiva, la falta de intervención estatal puede afectar la soberanía sobre recursos considerados de interés nacional.
Como ejemplo, mencionó la explotación de recursos en sectores próximos a las Islas Malvinas y planteó la necesidad de que el Estado argentino mantenga una política activa en materia de soberanía y recursos naturales.
El funcionario también defendió las declaraciones de Quintela frente a las críticas surgidas en medios nacionales y sostuvo que el debate debería centrarse en el papel del Estado y en la protección del patrimonio considerado estratégico.
De esta manera, la iniciativa sobre el dominio rural se encamina ahora hacia su primera instancia legislativa, donde los diputados deberán analizar el alcance de las restricciones, el funcionamiento del nuevo registro y las condiciones que se establecerán para las futuras operaciones de tierras rurales en La Rioja.
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