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En una nueva edición del consultorio jurídico de Radio La Ciudad, el doctor José Mayorga brindó detalles sobre los derechos que protegen a consumidores y usuarios en Argentina, en un contexto donde las estafas virtuales, problemas con garantías y dificultades para dar de baja servicios se vuelven cada vez más frecuentes.
El abogado explicó que el país cuenta con una amplia normativa de protección al consumidor, encabezada por la Ley 24.240, además de artículos específicos de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Código Civil y Comercial.
“Los consumidores tienen derecho a recibir información clara, completa y detallada sobre el producto o servicio que adquieren. No puede existir publicidad engañosa ni información confusa”, remarcó Mayorga.
Entre los puntos más importantes, recordó que todo producto nuevo debe contar con una garantía mínima de seis meses por parte del vendedor, mientras que el fabricante puede ofrecer un plazo mayor. También señaló que los comercios están obligados a garantizar el servicio técnico correspondiente.
Otro de los temas abordados fue la baja de servicios, una de las situaciones más reclamadas por los usuarios. En ese sentido, Mayorga aclaró que las empresas deben otorgar la baja inmediata cuando el cliente la solicita, incluso si existen cuotas pendientes.
“La empresa no puede negarse a dar de baja un servicio alegando deudas. Después podrá reclamar judicialmente lo adeudado, pero la baja debe realizarse”, sostuvo.
Además, recomendó conservar siempre la factura legal de cada compra, ya que es el principal documento para efectuar reclamos. En el caso de servicios, indicó que es fundamental solicitar presupuestos detallados que incluyan tareas, costos, materiales y tiempos de ejecución.
El especialista recordó que en La Rioja funciona la oficina de Defensa del Consumidor, ubicada en calle Pelagio B. Luna 816, donde pueden realizarse denuncias por productos defectuosos, incumplimientos, cobros indebidos o servicios no solicitados.
Finalmente, Mayorga destacó la importancia de que los usuarios conozcan sus derechos y actúen rápidamente ante cualquier irregularidad, ya sea mediante organismos administrativos o a través de asesoramiento legal.
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