El presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, Juan Keulyan, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sector mercantil, tras el reciente acuerdo salarial que establece incrementos y nuevos aportes para los trabajadores.

El convenio, firmado a nivel nacional, prevé un aumento del 5% en tres tramos —entre abril y junio— junto con un aporte solidario de 28 mil pesos por empleado destinado a la obra social del sector. Sin embargo, Keulyan advirtió que su implementación será difícil en el contexto local.

“La Rioja está en una situación muy complicada. Para un comercio chico, pagar más de un millón de pesos de bolsillo a un empleado y cerca de dos millones con cargas patronales es muy difícil”, señaló.

Caída de ventas y alta informalidad

El dirigente remarcó que el problema se agrava por la caída del consumo y el alto nivel de informalidad laboral en la provincia. “Tenemos más empleados informales que formales. Así es muy difícil sostener cualquier estructura”, explicó.

En ese sentido, indicó que muchos comercios no están logrando cubrir sus costos operativos, lo que pone en riesgo su continuidad.

Presión impositiva y cierre de empresas

Keulyan también cuestionó la carga tributaria en Argentina, a la que calificó como “altísima” y “distorsiva”. Apuntó especialmente contra impuestos como Ingresos Brutos y el impuesto al débito y crédito bancario.

Además, ejemplificó con un caso reciente en Posadas, donde un comercio decidió cerrar tras recibir una multa millonaria. “No se puede sostener una empresa así. Hay que empezar a pensar en un sistema más viable”, sostuvo.

Relevamiento y pedidos al Estado

En paralelo, el Centro Comercial avanza con un relevamiento del micro y macrocentro para determinar con mayor precisión la cantidad de comercios activos y su distribución por rubro.

“Estamos ordenando la información, separando lo que realmente es actividad comercial de otras instituciones. Estimamos que hay más de 50 rubros identificados”, detalló.

Finalmente, Keulyan adelantó que evalúan gestiones ante el Estado nacional y provincial para solicitar una moratoria impositiva que permita aliviar la situación del sector.

“El pequeño comercio no puede pagar. Necesitamos una moratoria general para poder sobrevivir”, concluyó.

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