“El propio Milei reconoció públicamente: ‘Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa’. Esa frase no es una opinión política: Es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial. Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”, explicó Dalbón.

Asimismo, detalló que, si un presidente “reconoce haber influido en un proceso judicial”, será “evidente la falsedad o la ilegitimidad”, tanto de las pruebas como de la sentencia que dictaron a la persona condenada, debido a que esos hechos se sucedieron bajo una determinada “influencia”.

Según el abogado, esta denuncia “no sólo busca sancionar un delito, sino defender el Estado de Derecho y la división de poderes”, frente a un mandatario que “se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora”.

“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: Que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente, que la prisión de Cristina fue política, que el poder sigue usando el Código Penal como arma. Y esa confesión, en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al Presidente. Lo que todo esto demuestra es que el poder ejecutivo y el poder judicial actuaron en forma conjunta afectando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de Cristina Kirchner”, indicó.

Para finalizar, recordó que, previamente a la condena a la actual titular del Partido Justicialista (PJ), hubo jueces y fiscales “que jugaban al fútbol con (Mauricio) Macri” y medios de comunicación que señalaban que “la bala que no salió” pero que “el fallo que sí” iba a salir.

“Son argumentos sobrados para la anulación definitiva de la sentencia contra la principal líder política de la oposición. El lawfare fue confesado y ahora está claro que, en la Argentina, Cristina es una presa política. Vamos a pulverizar el lawfare y salen todas las denuncias contra los que participaron del mismo”, concluyó.