El plan del Gobierno nacional para desregular por completo el expendio de combustibles enfrenta un obstáculo clave en ya tres provincias, Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, donde las legislaciones vigentes prohíben el autoservicio en las estaciones. Esta situación genera incertidumbre sobre la aplicación de la medida en distintos puntos del país y podría derivar en conflictos laborales.

El autodespacho de combustibles fue oficializado mediante un decreto del área de Desregulación liderada por Federico Sturzenegger, estableciendo los requisitos y criterios de uso para las estaciones que adopten esta modalidad. Sin embargo, en Buenos Aires, la ley 13.623, promulgada en 2007, estipula que las estaciones deben estar atendidas por personal capacitado, sancionando con clausura preventiva a los establecimientos que incumplan esta disposición. Situaciones similares se presentan en Jujuy y La Pampa, donde también rigen normativas que impiden la implementación del autoservicio.

La contradicción entre la norma nacional y las leyes provinciales genera una colisión legal que podría derivar en sanciones a estaciones que intenten implementar el autodespacho. Patricio Delfino, representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles bonaerense, advirtió que cualquier estación en la provincia de Buenos Aires que intente adoptar la modalidad podría ser clausurada por las autoridades laborales.

Por su parte, el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), liderado por Carlos Acuña, anunció que evalúa medidas de fuerza en rechazo al autoservicio. Según el dirigente, la implementación de esta modalidad podría provocar la pérdida de hasta 70.000 puestos de trabajo en todo el país. «Lo que quieren vender como un avance tecnológico no es ningún avance. Solo generará desocupación y mayor rentabilidad para las petroleras», señaló Acuña.

Si bien algunas estaciones de servicio en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza han realizado pruebas piloto de autoservicio, la aplicación a nivel nacional enfrenta serias dificultades. YPF ya había implementado surtidores de autodespacho en una estación de Figueroa Alcorta y Echeverría en la Capital Federal, y en Luján de Cuyo, Mendoza, donde opera desde hace tres años.

La incertidumbre sobre la viabilidad del autoservicio sigue en aumento, mientras las provincias que lo prohíben mantienen su postura y los sindicatos se preparan para posibles protestas en defensa del empleo de los trabajadores del sector, en un contexto de desempleo creciente.

 

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