Horas antes, los abogados de la Vicepresidenta reclamaron ante la Cámara Federal de porteña que aparten a la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el intento de asesinato en su contra.

Tras la audiencia de los abogados de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el juez de la sala I del tribunal de apelaciones, Leopoldo Bruglia, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió este miércoles delegar en manos de la fiscalía la causa por el atentado a ex mandataria perpetrado el pasado 1° de septiembre. La investigación quedará ahora en manos del fiscal Carlos Rívolo, que ya trabajaba en el expediente junto con la jueza.

Horas antes de que Capuchetti delegara el expediente, los abogados de la querella de la vicepresidenta denunciaron ante la Cámara Federal porteña que si les fue frustrada "la posibilidad de la prueba" pudo haber sido para ocultar algo.

"Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado", expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia ante el juez de la sala I del tribunal de apelaciones, Leopoldo Bruglia, quien se encargará de decidir si sostiene o aparta a la magistrada que instruye el expediente.

A su vez, al salir de los tribunales federales de Comodoro Py, el abogado afirmó: "si seguimos investigando llegamos a donde no quiere llegar, a las terminales del PRO", y luego refirió que existe en la causa una pista vinculada al diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, además de "un discurso de odio de determinados lugares".

Según los abogados de la querella, la jueza Capuchetti mostró una "completa falta de iniciativa" y habría "boicoteado" líneas de investigación, por lo cual piden que se aparte de a causa, de acuerdo con lo explicado en la audiencia, en la que primero intervino el abogado Marcos Aldazabal, quien se encargó de enumerar las irregularidades en el manejo de la causa, y luego Ubeira.

"La investigación es imposible así", sostuvo Aldazabal luego de enumerar una serie de "irregularidades “dentro de la instrucción del caso, como la falta de investigación a la Policía Federal, por las demoras en la detención de Brenda Uliarte y el reseteo del celular de Fernando Sabag Montiel, ni la pista "Milman", ni la línea de "(Hernán)Carrol".

Como pista de Milman, entienden aquella iniciada el 23 de septiembre, a partir de la declaración testimonial de un asesor de la Cámara de Diputados, quien aseguró ante la justicia que en el bar Casablanca ubicado a metros del Congreso, escuchó que el diputado PRO le decía a dos mujeres la frase "cuando la maten yo estoy camino a la costa".

Respecto de la línea de Carrol, se refieren al referente de la Nueva Centro Derecha a quien el hombre que le gatilló el arma en la cabeza a la vicepresidenta,  Sabag Montiel, le asignó la misión de designarle un abogado para que lo defendiera en la causa.

Las relación entre la jueza y la querella se volvió insalvable a partir de la decisión de Capuchetti de no hacer lugar al secuestro del celular de las asesoras de Milman que declararon como testigos en la causa y negaron primero haber estado en el bar Casablanca el 30 de agosto para luego corregirse cuando les fueron exhibidas imágenes que acreditaban su presencia: "Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo", dijeron los querellantes durante la audiencia con el juez Bruglia, al que además le aclararon que no reclaman "resultado concreto" para la investigación sino que quieren "que se investiguen todas las líneas para conocer qué pasó".

"La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo y ahora estamos en una campaña electoral. No sé si la clienta (Cristina Fernández de Kirchner) se presentará o no (a elecciones), pero el próximo año va a hacer campaña", enfatizó Ubeira durante su intervención.

La audiencia, que estaba fijada desde la semana pasada, se realizó luego de que ayer la querella reclamara que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen de forma urgente nuevas medidas de prueba, tras detectarse una seguidilla de mensajes de WhatsApp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.

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